Intervención de Rafael Guarín en el panel:

UN ESTADO FUERTE PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD

Campus FAES Colombia 2012 - Corporación Pensamiento Siglo XXI

Cuando se habla de Estado fuerte en esta región del planeta, luego de las dictaduras de los años 70 y del advenimiento de la democracia en la década siguiente, inmediatamente se despiertan sospechas en algunos sectores políticos.

La razón es que la noción de Estado fuerte la asocian algunos con la idea de dictaduras, regímenes autoritarios, supresión de la democracia, regímenes de facto, preponderancia del poder militar, represión, violación de los derechos humanos, restricción de las libertades de pensamiento, opinión y expresión.

Otros aluden a que un Estado fuerte es aquel que tiene una sobredimensionada intervención del Estado en la economía y el orden social, que cercena la iniciativa individual.

En fin, cuando se habla de Estado Fuerte algunos tienden, especialmente desde la izquierda, olvidando las dictaduras del proletariado, a hacer alusión, en países como Colombia, a discursos de extrema derecha.

¿Pero, en realidad, a qué se refiere un Estado fuerte en una democracia?

Un Estado fuerte nada tiene que ver con lo anteriormente expuesto.

Un Estado fuerte es aquel que cumple cabalmente sus funciones como garante de la democracia y de los derechos humanos, al tiempo que preserva un orden social sustentado en el respeto a la dignidad humana y que favorece la libertad.

Un Estado fuerte está en capacidad de evitar la violencia que en el seno de la comunidad política pueden desplegar unos contra otros o unos contra el Estado mismo, sea previniéndola o reaccionando con firmeza en aplicación de la ley.

Un Estado fuerte es también el que está en capacidad de proporcionar seguridad ante amenazas externas para preservar la existencia de la Nación, de su territorio y de las instituciones y normas que regulan el funcionamiento de la sociedad.  

En mi opinión, un Estado fuerte se sustenta en la vigencia rigurosa de dos principios fundamentales: legalidad y legitimidad

Para abordar estos dos puntos, recordemos algunos conceptos básicos. El poder se vincula en Max Weber a la pareja coerción – consenso, que son dos caras de la misma moneda.

El poder que se asocia al Estado siempre tiene capacidad coercitiva y conlleva aceptación.

La propensión de todo poder político es utilizar al mínimo el elemento coercitivo y propugna porque prime el consenso. Pero siempre el aspecto coercitivo estará presente, nunca se puede prescindir de él.

En los regímenes democráticos prima el consenso y en los regímenes autoritarios se impone la fuerza, pero aún, en este último, se pretende construir consenso.

Un Estado legítimo es un Estado cuyas instituciones y decisiones son acatadas por los ciudadanos y cuentan con su apoyo.

El consentimiento ciudadano es elemento esencial de un Estado legítimo y de un Estado fuerte. Dicho consentimiento se deriva de la convicción de que la organización del Estado y el funcionamiento de las instituciones atienden el bien común y no los intereses particulares de quienes detentan el poder.

La vigencia del pensamiento de Aristóteles no admite discusión en esta cuestión. En el siglo IV antes de Cristo, al exponer la teoría clásica de las Formas de Gobierno, señaló que las constituciones rectas existen “cuando el uno, pocos o la mayoría ejercen el poder en vista del interés general”.

Norberto Bobbio, por su parte, nos recuerda que desde el punto de vista aristotélico “Cuando los gobernantes aprovechan el poder que recibieron o conquistaron para luchar por intereses particulares, la comunidad política se desvía de su objetivo, y la forma política que asume es una forma corrupta o degenerada con respecto a la pura, es decir, en referencia al objetivo”. 

Sin duda, la fortaleza del Estado en una democracia surge entonces, no tanto de la capacidad de su aparato coercitivo, sino sobretodo de la legitimidad de sus instituciones y de las decisiones que son tomadas por las autoridades y que afectan al conjunto de la sociedad.

Ahora, hablemos un poco sobre el principio de legalidad.

El poder en el Estado moderno se regula a través del estado de derecho y la legitimidad desde finales del siglo XVIII se apoya en la Constitución.

Un Estado es fuerte cuando su proceder se basa en el riguroso respeto a la ley.

Un Estado es fuerte cuando la ley delimita el ejercicio del poder del Estado y somete las actuaciones de los servidores públicos.

Es fuerte en la medida que garantiza las libertades ciudadanas y procura la concordia interior, mediante el derecho.

El imperio de la ley es garantía de derechos, condición de la convivencia democrática y base de actuación del Estado cuando debe movilizar sus recursos coercitivos para enfrentar a quienes violan el ordenamiento jurídico o ponen en peligro la existencia de la comunidad política.

Implica el monopolio de las armas o como algunos autores lo denominan, de la violencia legítima.

Pero lo más importante es que la Constitución y la ley en un Estado Fuerte no son letra muerta. Son normas de aplicación rigurosa. El Estado fuerte es celoso cumplidor de la ley y celoso en hacerla cumplir a los asociados.

Así, la fortaleza del Estado radica en la observancia de la ley, en que la ley sea legítima y en que las decisiones de las autoridades también lo sean.

Es decir, en asegurar que las leyes, como las actuaciones de los gobernantes, tengan conformidad con los valores de una sociedad, que van más allá de la misma ley y de la Constitución.

Cuando la ley refleja tales valores hay coincidencia con la legitimidad, pero puede ocurrir lo contrario y desencadenar la desobediencia civil, como sucede en el actual debate relacionado con la aprobación legal, pero no legítima, de la reforma a la justicia.

En un Estado fuerte hay plena coincidencia entre ley y legitimidad, lo que produce estabilidad política y aceptación de la comunidad.

¿Ahora, qué tiene que ver esto con la seguridad y la lucha contra el terrorismo?

Para avanzar en este punto debemos primero precisar que se entiende por terrorismo.

A pesar de que no hay una definición aceptada en el derecho internacional, sí existen más de 16 instrumentos internacionales y varias resoluciones emitidas en el marco de la ONU y organizaciones regionales que tratan el problema del terrorismo, tales como la convención interamericana contra el terrorismo y el convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear. Inclusive existe un Estrategia Mundial de la ONU contra el terrorismo.

La dificultad para una definición aceptada por la comunidad internacional no impide que sea posible identificar cuándo un acto es terrorista y cuándo una organización practica el terrorismo. O cuándo un Estado hace del terror un instrumento de dominación.

Mencionaré tan solo algunos de esos rasgos característicos del terrorismo:

Se trata de actos premeditados, planeados.

Su objetivo inicial es generar miedo, difundir pánico. Busca suscitar reacciones emocionales como ansiedad, incertidumbre o amedrentamiento.

Es un arma de guerra psicológica con fines políticos.

Su objetivo es condicionar actitudes y dirigir comportamientos.

El uso del terror tiene un objetivo. Su objetivo final es de carácter político: pretende que la sociedad y los gobiernos cedan a sus demandas.

No son actos aislados. Hacen parte de una estrategia.

Buscan apoyo en los ciudadanos, desconcertar a la población y socavar la confianza en el Estado.

El terror se emplea en el marco de una guerra irregular. Pero también de una guerra convencional.

En síntesis, el terrorismo, siguiendo aPeter Waldmann, consiste en “atentados violentos escandalosos contra un orden político, preparados y organizados desde la clandestinidad. Su finalidad es difundir en primer lugar inseguridad y miedo, pero también simpatía y predisposición al apoyo”.

Así pues, el terrorismo se basa en romper los dos principios sobre los que se funda el Estado fuerte. Busca desconocer la ley y la legitimidad del Estado que se combate.

Esto es más claro cuando se emplea de forma sistemática en el marco de una guerra irregular, como ocurre en el caso colombiano.

Los teóricos coinciden en que la guerra irregular es fundamentalmente una guerra por la legitimidad. Donde la táctica y la estrategia terrorista se basa en combinar la acción política y violenta contra el Estado a partir de impactar psicológicamente a la población.

En ese juego, la creación de mitos legitimadores del terrorismo es primordial, la movilización a favor de los terroristas o la neutralización de la respuesta del Estado es clave para quienes ejercen la violencia con propósitos políticos.

Para los terroristas es indispensable desafiar el Estado para demostrar con su actividad que la aplicación de la ley tiene grietas o que su organización está por encima de la ley y la Constitución, a la vez que las obvian porque representan precisamente lo que quieren destruir.

La habilidad del terrorismo llega a su punto máximo cuando es capaz de emplear el estado de derecho contra el estado de derecho mismo. En otras palabras, cuando utiliza las herramientas constitucionales y legales para apalancar su acción violenta y política contra la propia Constitución.

Así, el terrorismo requiere quebrar la legalidad, deslegitimar el Estado y legitimar su propuesta de nuevo orden para conseguir la realización de su objetivo político.

Llamo la atención que dicha victoria, la realización de su objetivo, no está supeditada a un triunfo militar si se entiende por este imponerse sobre las fuerza pública del Estado al que enfrentan.

La victoria del terrorismo se consigue rompiendo la legalidad y quebrando la legitimidad del Estado. Es la vía política, cabalgando sobre la violencia, la que permite cumplir sus objetivos.

Esto resalta que solo un Estado Fuerte, descrito como se hizo al comienzo de esta disertación, es el único que puede enfrentar con éxito al terrorismo.

Un Estado legítimo y basado en el Estado de Derecho.

Eso implica a la hora de garantizar la seguridad de los ciudadanos al menos los siguientes componentes:

Primero, una ciudadanía que sienta reflejados sus valores en las instituciones y decisiones que toman las autoridades en el Estado.

Esto posibilita contar con una sociedad unida en defensa de la Constitución y que respalda activamente al Estado en la lucha contra el terrorismo.

Supone una sociedad que no legitima el empleo de la violencia y no la valida como medio de acción política.

Implica una comunidad política en la que los ciudadanos rechazan activamente el terrorismo y no están dispuestos a hacer concesiones al crimen.

Una sociedad en la que se sustenta la voluntad política del Estado en desarticular las amenazas terroristas.

Una sociedad que reclama justicia y no acepta impunidad para los crímenes, ni compra la tesis que justifica la violencia, acudiendo al falaz argumento de que los terroristas matan por altruismo. Hay que repetirlo mil veces: Ni IRA, ni ETA, tampoco Al Qaeda, ni mucho menos las FARC, cometen atrocidades por altruismo.

Finalmente, una sociedad que se convierte en un límite, en una barrera eficaz, para impedir la tentación de debilidad que suele contagiar a los gobernantes.

Segundo, un conjunto de instituciones organizadas y dispuestas a mantener el imperio de la ley y a no aceptar que se controvierta la constitución, ni el orden social, político y económico por medios extraconstitucionales que aborrecen a la democracia.

Eso comprende un Gobierno que tenga claro que es aplicando la ley y no reconociendo legitimidad a los terroristas como se les consigue derrotar.

Un ejecutivo que adopte una Política de Firmeza dirigida a doblegar la voluntad de los grupos terroristas de mantener la violencia, empleando todos los recursos del estado de derecho y no, por el contrario, adoptando una Política de Debilidad que parte de la base de que no es posible derrotar a los terroristas o de que hay que garantizarles impunidad para que hagan la paz.

En fin, un Gobierno que tenga clara su propia legitimidad y la del Estado que gobierna, así como que conceder tratos especiales a los terroristas lo único que hace es auparlos a continuar los atentados y la violencia, al tiempo que los ayuda a cumplir su tarea de destronar la legalidad y quebrar la legitimidad institucional.

Pero no es solamente una responsabilidad del Gobierno. Lo es también de la justicia, los partidos políticos y de los organismos de control.

Un Estado Fuerte no es posible sin un aparato de justicia eficiente y eficaz.

La impunidad se convierte en el principal aliciente de los terroristas.

Cuando se viola la ley y no pasa nada, el mensaje que reciben los delincuentes es que puede violarse una y otra vez sin esperar castigo.

La justicia inoperante, sea por su falta de capacidad de gestión o porque su orientación la ubica en quienes piensan que los terroristas matan por altruismo, es el más grave problema que puede tener un Estado para derrotar el crimen.

Pero hay escenarios peores, como el que acaba de ocurrir en Colombia con la aprobación del Marco Jurídico para la Paz. No se trata de ineficiencia o ineficacia, se trata de que el Estado renuncia a la persecución penal de criminales de lesa humanidad.

Cuando eso ocurre, no solo se legitima el crimen de lesa humanidad como medio de acción política, sino que se expide una licencia para continuar su realización.

No exagero al decir que la máxima expresión de una Política de Debilidad es reformar la Constitución para validar, al dar impunidad, el crimen atroz como medio para atacar la propia Constitución. Y mucho más si esto se hace en medio de la confrontación con los terroristas, cuando estos arrecian en sus acciones y cuando además rechazan marcos de impunidad, porque se consideran en desarrollo de una guerra justa.

Pero sobre el Marco Jurídico para la Paz, si desean, profundizamos en las preguntas.

Un tercer punto, un aspecto esencial, ligado a la justicia y que completa la fortaleza que debe caracterizar al aparato coercitivo del Estado, es la eficiencia y eficacia de los organismos y cuerpos de seguridad del Estado.

Organismos de policía y responsables de actividades de inteligencia y contrainteligencia son indispensables para enfrentar la amenaza terrorista.

Organismos que deben ser transparentes y actuar con estricto apego a la Constitución y la ley.

Nada debilita más a un Estado que violenten la ley los gobernantes, congresistas, jueces y sus organismos de seguridad.

Cuando un agente del Estado, con la excusa de perseguir a los terroristas, viola los derechos humanos, comete arbitrariedades y termina por atacar a la población, los únicos que celebran son los terroristas que encuentran que su acción ha dado resultado: llevaron a sus enemigos a romper el estado de derecho y a deslegitimarse paulatinamente.

El éxito en España en la lucha contra ETA ha estado basado en los asuntos mencionados:

Una sociedad unida contra el terrorismo.

Unas instituciones organizadas y dispuestas a desarticular a ETA. La implementación de medidas como la creación de la Audiencia Nacional y la adopción de la ley orgánica de partido políticos han sido definitivas para elevar la eficacia de la justicia para atacar todas las caras de la banda, incluida la política.

Y la eficiencia de los organismos y cuerpos de seguridad del Estado.

Sumado a un cuarto aspecto: la cooperación binacional con Francia y el conjunto de la UE para desarticular a ETA.

En Colombia tenemos hoy graves problemas en varios de esos cuatro puntos, resultado de abandonar los preceptos que deben orientar un Estado fuerte y sustituirlos por uno basado en discursos de debilidad y legitimidad del crimen. Y con esto termino:

Una sociedad que durante ocho años de Política de Seguridad Democrática estaba mayoritariamente cohesionada contra el terrorismo, comienza a cuartearse a partir del cambio de discurso del Gobierno frente a las FARC y el ELN.

Un gobierno que no reconocía justas causas para el empleo de la violencia y desconocía cualquier legitimidad a los terroristas, da paso a un gobierno que retoma los viejos discursos de las causas objetivas de la violencia y que además reforma la Constitución para establecer las bases de impunidad para los crímenes de lesa humanidad pasados, presentes y futuros.

Una justicia que es eficaz para enfrentar la infiltración o el contubernio de políticos con las AUC, pero que es absolutamente ineficaz para desarticular el entramado político de las FARC.

Una Fuerza Pública altamente eficiente, en un periodo de transformación para responder con más eficacia a la adaptación de FARC y al aumento de sus acciones, pero al tiempo gravemente afectada por la comisión de homicidios en persona protegida conocidos como falsos positivos.

Y un vecino sometido a una revolución que sustituye con despotismo las bases de la democracia liberal y que comparte un proyecto con una organización que perpetra los mayores crímenes de lesa humanidad. El Gobierno de Hugo Chávez ha cooperado con Colombia en la persecución de narcotraficantes en su país, mientras solo acosa a FARC en la retórica populista. Venezuela sigue siendo el refugio del terrorismo y su gobierno uno de sus principales aliados, mientras utilizan con destreza el silencio del gobierno colombiano.

Lo anterior dificulta en sumo grado acabar con el terror y obliga a trabajar por la construcción de un Estado fuerte capaz de garantizar la seguridad.

En conclusión:

El Estado fuerte es una necesidad para derrotar el terrorismo y se sustenta en la vigencia absoluta, no relativa, del Estado de derecho y en el robustecimiento de su legitimidad.

El gobernante en un Estado fuerte hacen suyo el precepto fundamental de lo político, descrito por Julien Freund, en Sociología del Conflicto,: “debe saber prevenir lo peor y tener la capacidad de impedir que ocurra”.

Como señala acertadamente este pensador francés: “Lo peor de los políticos consiste en no prever nunca nada más que lo mejor, por ejemplo la paz ideal o la igualdad perfecta, y actuar en consecuencia, pues entonces el político corre el riesgo de ser rápidamente arrastrado hacia complicaciones que ha descartado ciegamente”.

Lo contrario al Estado Fuerte es la Política de la Debilidad. En Colombia la conocemos suficientemente desde 1982.

La Política de la Debilidad solo ha servido a los terroristas para crecer, aumentar su influencia, ganar legitimidad, debilitar al Estado, dividir a la sociedad y erosionar el estado de derecho y la democracia en Colombia.

La Política de Debilidad agrava la violencia. Únicamente un Estado fuerte nos conducirá a una Paz Justa que respete los derechos de las víctimas, garantice que no se repitan los crímenes y no permita la impunidad.

Finalmente, los Gobiernos pueden equivocarse pero también corregir el camino. Depende de nosotros, los ciudadanos, hacer que los gobiernos corrijan y no claudiquen ante el crimen y el terrorismo.

Bogotá D. C., 25 de junio de 2012. Universidad Sergio Arboleda.